¿VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA O REPÚBLICA ARGENTINA?
Un boletín de un movimiento político, recibido hace pocos días, contenía una expresión sorprendente: un grupo de jóvenes había viajado "al virreinato del Río de la Plata" para sus vacaciones de verano.
En esa expresión aparecen prima facie dos cuestiones. La más obvia es la atinente a la práxis política misma: a saber, que un movimiento político se desentienda hasta tal punto de la realidad empírico-histórica resulta inaceptable. Muy bien. Pero después, estimo, está el error doctrinal de fondo, jurídico-político, que es mucho más interesante. Y es en particular esto último lo que deseo comentar a vuelapluma y compartir con Uds., poniéndolo a discusión. Ruego disculpen las obviedades, el esquematismo y el estilo oral de los giros.
I) Si en este caso se desconoce la existencia política y jurídica de la República Argentina, con 200 años de continuidad, es que se la está negando en razón de un defecto en la legitimidad política y en la validez jurídica del acto de independencia. Ahora bien, concedida -¡pero no aceptada!- esa ilicitud en el origen, no por ello una comunidad con 200 años de vida política ininterrumpida puede ser declarada inexistente, cual si hubiera sido institucionalmente nulificada. Eso, poco más o menos, fue lo que hizo la corte de EUA con la Confederación y sus actos jurídicos: darlos por nulos. Allí había una rebelión "antijurídica" (desde el punto de vista de los vencedores, claro -porque para los vencidos lo que había era el ejercicio del derecho a la secesión-), pero que se resolvió en sólo 4 años y de modo políticamente inapelable. Por el contrario, en el caso que nos ocupa se invalidaría por un aducido vicio en el origen la continuidad existencial de una comunidad secular y vigente, sostenida ab intra por su pueblo o comunidad organizada y reconocida ad extrapor la sociedad internacional. Semejante temperamento es insostenible; pues tal impugnación por una ilegitimidad de origen, nótese bien, ni siquiera sería aceptable frente a un régimen político: en tales circunstancias, es dable sanear la ilegitimidad de origen de un gobierno por el ejercicio legítimo del mando y su aceptación pacífica por la comunidad.
II) Cabría preguntarse ¿en qué supuesto resultaría razonable un desconocimiento de esta naturaleza? En el caso de que se tratase de la transgresión a un principio primario de la ley natural. Así, por ejemplo: ¿cuál es la validez jurídica de una ley de aborto con 200 años de vigencia?: es nula, de nulidad absoluta. Se podría decir allí que tal ley, atendiendo a su juridicidad intrínseca (validez, como contradistinta a vigencia), en realidad no ha sido ni es ley (aunque sin negar, no obstante, sus efectos y consecuencias, también jurídicos).
III) Puede concluirse entonces, desde el punto de vista político-jurídico, que para llegar a esto del "virreinato" se ha confundido la validez peraltada, pero mudable, de la tradición y de la integración política histórica, con la validez inmutable del derecho natural primario.
- Surge una posible objeción. Hela aquí: el acto de secesión sí transgredió el derecho natural: se trataría entonces de una tipificación de ilegitimidad que asignaría a la independencia el rango de la traición a la patria -atentado al bien común y, como tal, quebrantamiento de un precepto primario del derecho natural-.
Se imponen a propósito de esto dos órdenes de argumentos.
a) Una secesión (lato sensu, no hablamos del ejercicio de un derecho -vid. supra) se opone a la integración previa. Ahora bien, la voluntad de integración en una comunidad política, por parte de una nación, región, pueblo, colectividad humana en general, es intrínsecamente voluntaria (entendiendo voluntario como opuesto a natural). Esto no comporta que la parte integrada no deba reconocer obligaciones que la ligan al todo. No. Sin embargo, si la voluntad concorde en integrar una misma empresa política, una misma unidad de destino, una misma común-idad falta, es fácticamente seguro que una circunstancia propicia desencadene la separación. ¿Y de jure? Habría un quebrantamiento del orden constitucional, de la obligación de la parte a seguir siendo parte: pero en esa medida hablaríamos, formalmente, jure positivo. Pues nótese, incluso en el supuesto más negativo ("traición a la patria") que en este caso no se trata de la parte que traiciona al todo para adquirir ventajas a costa del todo al que no se abandona, sino de que una parte ya no quiere ser más parte.
Amplius. Creo que justamente en la voluntad de vida independiente, confirmada a través de generaciones, es donde radica un posible fundamento de justicia para desconocer la integración y el orden constitucional. Con seguridad, eso sí, que cada caso debe ser justipreciado concretísimamente. Y a la hora de fundar, en el plano axionormativo, un juicio con visos de objetividad sobre algo tan grave como el desmembramiento de una comunidad, que casi siempre tendrá algo de deplorable si se trata de una unidad política secular, aparecen cuestionamientos que podrían resultar pertinentes: ¿hay o no hay posibilidad de consorcio armónico entre la parte y el todo?; si lo hubo antes ¿sigue habiéndolo ahora?; ¿ha habido felonías, agravios objetivos, atropellos, desconocimiento de los justos fueros políticos tradicionales, religiosos y culturales de la parte? ¿son insalvables hoy estos enconos y conflictos? Mas sea cual fuere su motivación, atendiendo a la cosa en sí, formalmente, estimo que cada cuestión concreta se dirime en definitiva a partir de la existencia -o no- de un animus, de una afectio del pueblo, claramente expresados, e históricamente confirmados, de emprender su vida en forma independiente del todo que ha venido integrando hasta ese momento.
b) Ahora bien, concedido (¡pero nuevamente no aceptado!: porque, efectivamente, en este caso particular el Imperio español se había deslegitimado ostensiblemente en Indias, como resultado de la política antitradicional y despótica de la dinastía borbónica que había sucedido a la Casa de Austria) que haya habido flagrante traición a la patria, eso no invalida la existencia legítima de una comunidad independiente secular. En efecto, el hecho de que en sí mismo, en su concretidad histórica, un acto haya sido vicioso no implica que sus consecuencias jurídicas necesariamente lo sean (vid. I). En el caso de una ley de aborto, esa ley pretende justificar la comisión de constantes homicidios. En cambio, una secesión, por disvaliosa que fuere en su origen, no genera de suyo actos antijurídicos, en la medida en que esa comunidad, en el futuro, desenvuelva una vida colectiva independiente querida por sus miembros (y reconocida por la comunidad internacional, eventualmente). Por el contrario, se trata de una realidad ético-jurídico-política valiosa; esa empresa humana común, en tanto refrendada por la voluntad de sus miembros, conteste en hacer efectivo un proyecto autárquico viable, va afianzando la legitimidad política de su existencia y la validez jurídica de sus ordenaciones, ad intra y ad extra.
IV) A MANERA DE EXCURSUS HIPOTÉTICO. Por último, extendámonos a la consideración de una eventual acción reunificadora, imaginada desde las pretensiones mismas de quienes han motivado estas líneas. Ya en el plano de la práxis, de lo operable político, si es que fuera a recomponerse el imperio de Felipe II, ¿cambia en algo lo operativamente necesario, si es legítima la vida independiente de las comunidades políticas surgidas del Imperio español? Por supuesto que sí: de allí que el monarca debería dirigirse a las unidades políticas existentes, vgr. Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, para convocarlas a una nueva integración. Y no reclamar sus obligaciones a los integrantes de una circunscripción intrapolítica fantasmal, abolida hace 200 años.
V) A MANERA DE EJEMPLO EMPÍRICO DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS FUEROS DE LA HISTORIA. Opinamos que un criterio genérico como el aquí criticado es el que ha nutrido y pretendido justificar -uniéndose a pretextos religiosos- la irrupción y la acción del Estado sionista de Israel.
SERGIO RAÚL CASTAÑO
